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OPINION    

Crisis constitucional del proceso civil

La “Justicia Oportuna” se establece como un derecho fundamental, delimitado con precisión y con suma protección, según el artículo anterior,

Agregado el: 5 de Junio del 2013



La “Justicia Oportuna” se establece como un derecho fundamental, delimitado con precisión y con suma protección, según el artículo anterior, y conforme a lo que establece el “Artículo 149, Párrafo 1, de la Constitución”, “La meta fundamental de la justicia, es: “juzgar y hacer Cumplir lo Juzgado en Todo Tipo de Proceso”.

El derecho civil y su procedimiento, se enmarcan dentro de este derecho fundamental de “Justicia Oportuna”, que desde la vigencia del código de procedimiento civil, ha sido afectado en cierto modo, por los retardos, los largos aplazamiento, los incidentes mal intencionados, y los fallos reservados sin fecha, convirtiendo el derecho civil, en una opción poco elegible, casi sustituyéndola, como una de las vías legales a proseguir por los usuarios de justicia.

Los actores del proceso tutelan con sumo cuidado la aplicación de “Justicia Oportuna” en los procesos penales, olvidando que existen también otros derechos que deben ser tutelados, pues se encuentran en estado agónico, casi al borde del fallecimiento. Esos derechos que agonizan están en la “Jurisdicción Civil” , pues allí los jueces se reservan los fallos sin fecha, como en los años 1884, sin tomar en cuenta que el “Debido Proceso” y la “Justicia Oportuna” abarca también a los procesos civiles.

El consejo del poder judicial y la Suprema Corte de Justicia dominicana deben ya aprobar un reglamento para fallos en los tribunales civiles, tomando como punto de partida la Constitución y las leyes, a los fines de que “LOS FALLOS NO PUEDAN SER RESERVADOS”, y si no existe otra alternativa, que por lo menos los jueces de “La jurisdicción Civil” no puedan reservarse los fallos sin una fecha determinada, para rendir la sentencia del caso que, en definitiva, es el producto final que determina si se aplicó justicia o si se denegó la misma evitando, de este modo, poner a los tribunales civiles en contraposición al mandato constitucional y a la correcta aplicación y administración de justicia, a la cual todos están obligados, cuando se vive en un Estado de Derecho, incluido los jueces.

El problema con los fallos reservados sin fechas, y sin convocar a la parte a una audiencia para escuchar la decisión, es que coloca a los tribunales civiles en violación al “Debido Proceso” y a la “Justicia Oportuna”, y presenta a los juzgadores civiles, y al mismo derecho civil, en crisis abismal frente al mandato de la Constitución y la ley, mandato por el cual, actualmente, se habla de aplicación de justicia, en un Estado de Derecho sano.

Decir que existen muchos casos, y poco personal, o cúmulo de trabajo, para justificar la falta de fallo a tiempo, no es una explicación convincente, en una época de modernidad sino, por el contrario, refleja “La Cara de Pobreza de la Justicia”, término acuñado y descubierto por el presidente del poder judicial dominicano en una de sus elocuentes comparecencia ante la ciudadanía a rendir cuenta judicial.

La situación de los procesos civiles indicada anteriormente refleja que si esos procesos no cambian, “Los Casos civiles andan muy mal parados, por esos mundos de dios”; y se encuentran en crisis evidente y notoria desde el punto de vista constitucional.






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